10/02/2026

El segundo seminario del Programa de Formación Jurídica para Directores, impulsado por EO Abogados – Derecho de Mayores en colaboración con LARES Castilla y León, reunió a 43 centros residenciales conectados simultáneamente, consolidando una iniciativa formativa que trasciende el ámbito autonómico y responde a una necesidad estructural del sistema residencial español.

La sesión, impartida por Eduardo Ortega Hernández, abogado especializado en Derecho de Mayores y titular de EO Abogados, abordó uno de los escenarios jurídicamente más sensibles y complejos en la práctica diaria de los centros: el ingreso residencial de personas necesitadas de medidas de apoyo a la capacidad tras la reforma operada por la Ley 8/2021.

Más que un seminario puntual, se trata del segundo módulo de un programa formativo diseñado para dotar a los directores de herramientas jurídicas aplicables en tiempo real, en un entorno normativo que ha incrementado notablemente la exigencia técnica de la función directiva.

La Ley 8/2021 ha transformado el sistema de apoyos en nuestro ordenamiento jurídico, desplazando el modelo de sustitución por un enfoque centrado en la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.

Este cambio normativo no se agota en el ámbito judicial: tiene consecuencias directas en la práctica residencial.

El director del centro ya no puede limitarse a gestionar lo asistencial. Debe:

• Interpretar correctamente el alcance de la guarda de hecho.
• Entender los límites de la curatela.
• Valorar el peso jurídico de la voluntad expresada.
• Activar control institucional cuando la situación lo exige.

Como se destacó durante la sesión, el director no es decisor judicial, pero sí ejecutor material de medidas que pueden afectar a derechos fundamentales. Esa posición intermedia exige método, trazabilidad y seguridad jurídica.

Uno de los ejes del Programa es la construcción de un circuito documental coherente y sistematizado, diseñado específicamente para ordenar la actuación del centro ante situaciones complejas.

Entre las herramientas desarrolladas se encuentran:

• Modelos de ingreso en supuestos de guarda de hecho.
• Declaraciones responsables que delimitan iniciativa y responsabilidad.
• Actas internas que aseguran trazabilidad decisoria.
• Comunicaciones preventivas a Fiscalía.
• Solicitudes judiciales de autorización cuando la medida lo requiere.

La reacción de los directores fue clara: el sector necesita instrumentos concretos que permitan transformar la incertidumbre normativa en actuación profesional estructurada.

Porque el riesgo no está en decidir, sino en decidir sin método.

La segunda parte del seminario se centró en un caso práctico de alta complejidad que integraba conflicto familiar, oposición inicial del mayor, deterioro cognitivo progresivo e intervención de Fiscalía.

Lejos de ofrecer soluciones simplistas, el objetivo fue entrenar el razonamiento directivo en escenarios donde todas las opciones implican responsabilidad.

El debate abordó cuestiones nucleares para el sector:

• El valor jurídico de la voluntad en contextos de capacidad fluctuante.
• La neutralidad del centro ante disputas familiares.
• El alcance real de la guarda de hecho.
• La activación del control institucional.
• La protección del director ante revisiones posteriores.

La conclusión compartida fue significativa: la seguridad jurídica también depende de la coherencia y documentación del proceso decisorio.

La consolidación de este Programa confirma una tendencia creciente: la necesidad de abordar la gestión residencial desde una perspectiva jurídica especializada.

El concepto de Derecho de Mayores, desarrollado y aplicado por EO Abogados, no se limita a la litigación, sino que incorpora prevención, formación y estructuración de protocolos para la toma de decisiones responsables.

La elevada participación en este segundo seminario evidencia que la profesionalización jurídica de la dirección residencial es hoy un elemento clave para la sostenibilidad del sistema.

Lo que comenzó como una iniciativa formativa en Castilla y León se proyecta como un modelo replicable en otros territorios, en un momento en el que la seguridad jurídica de los centros se ha convertido en un factor estratégico. Y esa es, precisamente, la línea de trabajo que EO Abogados continúa consolidando en asociaciones y centros residenciales.