En el marco de su compromiso permanente con la mejora de la gestión y la seguridad jurídica de los centros, LARES Castilla y León, en colaboración EO Abogados, ha impulsado un seminario jurídico dirigido a directores y equipos técnicos de residencias, con el objetivo de ofrecer apoyo técnico y jurídico especializado a un colectivo que afronta una creciente complejidad normativa y un elevado nivel de responsabilidad en su labor diaria.

La iniciativa se enmarca en la voluntad de la Asociación de acompañar a los centros en la interpretación y aplicación práctica de la normativa, facilitando criterios claros, homogéneos y operativos ante situaciones especialmente sensibles desde el punto de vista asistencial y legal.

La jornada fue inaugurada por Jorge Saínz, presidente de LARES Castilla y León, quien puso en valor el papel de la Asociación como espacio de respaldo y referencia para los directores de residencias, destacando la importancia de “mirar por quienes están al frente de los centros, gestionando numerosos frentes abiertos y tomando decisiones complejas en contextos muy diversos”. Saínz subrayó que este tipo de encuentros constituyen “un acierto necesario”, al ofrecer un foro práctico donde abordar dudas reales del día a día y reforzar la protección jurídica del director, una cuestión cada vez más relevante en el actual escenario normativo y asistencial.

El seminario, impartida por el abogado Eduardo Ortega, contó con una amplia participación de profesionales, lo que evidenció el interés del sector por disponer de espacios de formación jurídica aplicada, centrados en problemas reales y no meramente teóricos. La estructura de la sesión respondió a un enfoque eminentemente práctico, combinando el análisis de actualidad, el estudio en profundidad de un tema jurídico central y la resolución de un caso práctico complejo.

El núcleo central del seminario se dedicó al análisis del uso de sujeciones en centros residenciales, una materia de especial trascendencia jurídica por la elevada responsabilidad que comporta para los centros y, en particular, para sus directores. El estudio se articuló en torno al artículo 13 de la Ley 3/2024, de 12 de abril, de Castilla y León, que regula el modelo de atención en centros residenciales y de día.

Dicho precepto reconoce el derecho de las personas usuarias a recibir una atención sin restricciones, permitiendo su aplicación únicamente en situaciones excepcionales, puntuales y debidamente justificadas, tras el fracaso de medidas alternativas y siempre bajo criterios de proporcionalidad, intervención mínima y una exhaustiva diligencia documental. Durante la sesión se puso de relieve que la norma, aun priorizando la atención centrada en la persona y la eliminación de restricciones sistemáticas, también contempla su uso cuando resulte imprescindible para proteger la integridad de la persona usuaria, de los profesionales o de terceros.

Se abordaron con detalle los procedimientos ordinarios y de urgencia, los plazos legales, la exigencia de un consentimiento informado expreso, específico y por escrito, así como la obligación de comunicación al Ministerio Fiscal. Asimismo, se advirtió de forma clara que el uso indebido de restricciones, la falta de documentación o la ausencia de diligencia pueden derivar en responsabilidad civil, administrativa o incluso penal para el director del centro, en función de las circunstancias del caso.

Con el fin de facilitar la correcta aplicación de estos procedimientos, se pusieron a disposición de los asistentes modelos normalizados, diseñados para dar cobertura a los distintos supuestos previstos en el artículo 13:

• Modelo 1. Informe médico proponiendo el empleo de medidas de restricción.
• Modelo 2. Autorización del usuario, familiar o persona responsable.
• Modelo 3. Autorización de la Dirección del centro.
• Modelo 4. Comunicación al Ministerio Fiscal.

La jornada concluyó con el análisis de un caso práctico de especial complejidad, que generó un intenso y enriquecedor debate entre los asistentes: la negativa de la familia a autorizar sujeciones en un usuario con deterioro cognitivo y conductas agresivas, frente al riesgo para trabajadores y terceros. La conclusión compartida fue clara: ante situaciones de riesgo, el centro debe actuar con diligencia, documentar adecuadamente, fundamentar sus decisiones y, en su caso, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, pudiendo adoptar medidas cautelares provisionales para proteger la seguridad y evitar responsabilidades por omisión.

Este primer seminario inaugura una línea de formación jurídica continua impulsada por LARES Castilla y León, orientada a dotar a los directores de residencias de mayor seguridad jurídica, criterios claros y herramientas prácticas, reforzando su capacidad de decisión en un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista legal, asistencial y social.