Quince años solo: cuando el silencio también mata

El hallazgo en Valencia del cuerpo de un hombre fallecido en su domicilio hace más de quince años breitling replica watches constituye un hecho que trasciende lo anecdótico para situarse en el ámbito de la responsabilidad jurídica y social.

No hablamos solo de soledad, sino de la posible omisión de deberes de atención y de comunicación que nuestra legislación, aunque de forma dispersa, impone tanto a familiares como a las administraciones públicas y a la comunidad en general.

Soledad como riesgo jurídico y social

España cuenta con un marco constitucional y legal que proclama la protección de la dignidad y la integridad de la persona en todas las etapas de la vida. El artículo 10 de la Constitución Española sitúa la dignidad humana como fundamento del orden político y de la paz social, mientras que el artículo 50 CE obliga a los poderes públicos a garantizar el bienestar de las personas mayores, mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Sin embargo, la realidad demuestra que, en demasiadas ocasiones, esta replica Breitling watches protección queda reducida al plano declarativo. La soledad —especialmente en edades avanzadas— debe considerarse un riesgo jurídico y social que exige la actuación preventiva del entorno familiar, vecinal y administrativo.

Responsabilidad familiar: deber moral y deber jurídico

El artículo 142 del Código Civil establece la obligación de prestar alimentos entre parientes, entendidos no solo como sustento material, sino también como asistencia y cuidado. Aunque la falta de contacto entre padres e hijos no constituye en sí misma ilícito alguno, puede derivar en consecuencias jurídicas cuando de esa ausencia resulta un desamparo o riesgo para la vida o integridad de la persona.

Las rupturas familiares pueden tener causas múltiples, y no es función del Derecho moralizar los afectos, pero sí lo es advertir que, en determinadas circunstancias. Así la pasividad ante el aislamiento prolongado puede traducirse en responsabilidad civil o incluso penal por omisión de socorro, conforme al artículo 195 del Código Penal, cuando exista conocimiento de una situación de peligro grave y se omita el deber de auxiliar o dar aviso a la autoridad.

La comunidad de vecinos y la responsabilidad compartida

El hecho de que durante quince años nadie advirtiera ni denunciara la ausencia del fallecido plantea interrogantes sobre el papel de la comunidad, los servicios municipales y la red social más próxima. La inacción colectiva se traduce, en este caso, en la negación práctica del principio de solidaridad social reconocido en el artículo 9.2 CE.

Así me pregunto —desde una óptica jurídica y humana— qué medidas podrían articularse en el marco de la Ley de Propiedad Horizontal para que, de una forma sencilla y no excesivamente gravosa, nos implique a todos como vecinos en la obligación de dar cuenta de ausencias prolongadas de vecinos tales como protocolos comunitarios mínimos de comunicación y aviso que permitan detectar a tiempo situaciones de riesgo sin vulnerar la intimidad de nadie.

Administraciones públicas y deber de detección

Las administraciones locales y autonómicas tienen competencias directas en materia de servicios sociales y atención a personas mayores. Así, en virtud, entre otras, de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y de las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, desarrollan políticas activas de acompañamiento a personas mayores.

Además, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, , en su artículo 3.1, impone a las administraciones el deber de actuar conforme a los principios de eficacia, economía y servicio efectivo a los ciudadanos. Esta Ley también consagra en su artículo 140 el principio de cooperación interadministrativa, exigiendo a todas las administraciones compartir información y recursos para garantizar la eficacia en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, en la era del Envejecimiento, cuando una persona desaparece del “radar público” durante más de una década sin que ningún servicio lo advierta, me creo que podríamos empezar a considerar que se está vulnerando no solo un derecho social, sino un principio constitucional de eficacia y protección administrativa.

Así, articular sistemas de alerta temprana y coordinación entre servicios municipales, sanitarios, de dependencia y comunidades vecinales que permitan detectar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en tragedia pudiera ser una preocupación común de todos los responsables políticos en la que invertir de forma generosa más tiempo y esfuerzos pare poner remedio a estas situaciones.

 
Ello no solo responde a una política social deseable, sino a una auténtica garantía del derecho de toda persona a formar parte de la sociedad, derivado de los artículos 9.2, 23 y 50 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos promover la participación, la integración y el bienestar de las personas mayores.

Garantizar la existencia visible de cada ciudadano —y evitar su desaparición social— no es un gesto de compasión, sino una obligación constitucional del Estado social y democrático de Derecho que afecta a todos como clase políticas, como familiares y ¿cómo no?, como vecinos.